Resumen ejecutivo
| Autor | Pilar Hazbun Z. |
| Cargo | Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como Coordinadora del Programa Legislativo de LyD |
| Páginas | 5-5 |
Libertad y Desarrollo
arios han sido los intentos por avanzar hacia una nue-
va legislación en materia penal, la que pretende dejar
atrás el antiguo Código Penal que data de 1874. Lo
anterior ha sido aspiración de varios gobiernos y se
ha visto reflejado en diversos anteproyectos, ninguno de los
cuales ha logrado dar pasos signicativos.
Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los principales obje-
tivos y medidas contempladas en el Programa de Gobierno
del Presidente Sebastián Piñera 2018-2022 para la cartera
de Justicia y Derechos Humanos, es retomar el proyecto
que ajusta el Código Penal (“CP”) a la política criminal actual,
incorporando los delitos reconocidos en los últimos años.
De este modo, en octubre de 2018 la Comisión Redactora
mandatada por el Ministerio de Justicia y Derechos Huma-
nos1 hizo entrega del texto del Anteproyecto de Código Pe-
nal 2018 (el “Anteproyecto” o el “APCP”), el cual recoge en
gran parte los anteproyectos preparados con anterioridad
durante los años 2013 y 2015.
Según exponen los comisionados en la carta de entrega
del Anteproyecto, lo que se pretende es poner la legislación
penal sustantiva chilena al día con los más altos estánda-
res técnicos disponibles en esta ciencia jurídica, así como
generar una regulación sistemática por la vía de recodicar
gran parte de la legislación penal que está dispersa en leyes
especiales. Así, dentro de las propuestas que se plantean,
están la de adecuar las penas que se utilizan en el sistema
de justicia penal chileno; incorporar modicaciones a la de-
terminación de las penas; modernizar y regular el sistema
de ejecución de las penas; consolidar los estatutos penales
relativos al crimen organizado y a la criminalidad económi-
ca; entre otras.
En particular, tratándose de los delitos que atentan contra el
orden socioeconómico, los anteproyectos de los años 2013
y 2015 ya habían hecho referencia a ellos, entregándoles un
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título en el Libro Segundo del Código Penal. Lo que busca
principalmente el Anteproyecto de 2018 en esta materia es
consolidar los estatutos penales relativos al crimen organi-
zado y a la criminalidad económica, que se encuentran dis-
persos en diferentes cuerpos normativos.
En el presente trabajo efectuaremos, en primer lugar, algu-
nos comentarios generales sobre las principales modica-
ciones que plantea el Anteproyecto, especialmente en lo que
respecta a la adecuación de las penas y responsabilidad de
las personas jurídicas. Enseguida nos abocaremos con ma-
yor detalle al estudio de los delitos contra el orden socioe-
conómico cuya sistematización se propone, analizando los
principales cambios que se procuran introducir en cuanto a
la tipicación y penalidad de estos delitos.
Sin perjuicio que resultan valorables los intentos por siste-
matizar los delitos hoy existentes y de adecuar la legisla-
ción penal a la realidad actual, existen varios aspectos del
Anteproyecto que merecen un mayor análisis y/o que dejan
algunas inquietudes.
Comisión integrada por los penalistas Juan Domingo Acosta Sánchez, Antonio
Bascuñán Rodríguez, Jorge Boll Genzsch, Jaime Couso Salas, Juan Pablo
Cox Leixelard, Héctor Hernández Basualto, Francisco Maldonado Fuentes, Alex
van Weezel De la Cruz y Javier Wilenmann von Bernath.
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