Revisión de los contratos administrativos: el adecuado equilibrio entre potestades exorbitantes y los derechos contractuales
| Autor | Juan Carlos Flores Rivas |
| Páginas | 31-62 |
67Revisión de los contRatos administRativos: el adecuado equilibRio entRe potestades ...
* Algunas ideas generales de este artículo han sido plasmadas en el libro homenaje
al profesor José Luis Martínez López-Muñiz. Cfr., floreS rivaS, Juan Carlos, Revisión
de contratos administrativos. El adecuado equilibrio entre potestades exorbitantes y los
derechos contractuales, en lagUna de Paz, José Carlos – Sanz rUbialeS, Iñigo – de
loS mozoS y toUya, Isabel María (coords.), Derecho Administrativo e integración
europea. Estudios en Homenaje al profesor José Luis Martínez López-Muñiz (Madrid,
Editorial Reus, 2017), pp. 1013-1022.
reviSión de loS contratoS adminiStrativoS:
El adecUado eqUilibrio entre PoteStadeS
exorbitanteS y loS derechoS contractUaleS*
[Review of administrative contracts: the appropriate balance between
exhortative powers and contractual rights]
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Universidad de los Andes
Resumen Abstract
Este artículo tiene por objetivo anali-
zar los requisitos y condiciones que deben
concurrir para mantener el equilibrio
económico y financiero en los contratos
administrativos ante cambios derivados
del ejercicio de potestades públicas
de la Administración contratante. Se
analizan las modificaciones unilaterales
del contrato introducidas por el Estado
contraparte contractual, como aquellas
que se sustentan en la dictación de nor-
mas generales emitidos por otros órganos
del Estado, como el poder legislativo o
el poder ejecutivo en el ejercicio de la
potestad reglamentaria. Por último, se
estudian los cambios contractuales deri-
vados de hechos ajenos a la voluntad de
las partes, imprevisibles e irresistibles que
vuelven el cumplimiento de las obligacio-
nes contractuales excesivamente oneroso.
The purpose of this article is to
analyze the requirements and con-
ditions that must be met in order to
maintain the economic and financial
balance in administrative contracts
in the face of changes arising from
the exercise of public powers of the
Contracting Authority. Unilateral
contract modifications introduced by
the contracting State are analyzed,
such as those based on the issuance
of general rules issued by other State
bodies, such as the legislative power
or the executive power in the exercise
of regulatory power. Finally, we study
the contractual changes derived from
events unrelated to the will of the
parties, unforeseeable and irresistible
that make the fulfillment of contractual
obligations excessively onerous.
Palabras clave Keywords
Derecho administrativo – contratos
administrativos – equilibrio contractual
– potestades exorbitantes.
Administrative Law – administrati-
ve contracts – contractual equilibrium
– exorbitant powers.
recibido el 19 de febrero de 2019 y aProbado el 1 de julio de 2019.
Revista de Derecho
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
53 (segundo semestre de 2019)
[pp. 67 - 98]
Juan Carlos Flores rivas68 reviSta de derecho 53 (SegUndo SemeStre de 2019)
i. introdUcción
La contratación administrativa es fruto de acuerdos público-privados
entre órganos de la Administración del Estado y particulares, asumiendo
estos la calidad de cooperadores en la satisfacción de necesidades públicas.
En este contexto, los contratos administrativos suelen estar configurados
como acuerdos de voluntades de largo plazo, de ejecución diferida o de
tracto sucesivo. De esta forma, en la contratación administrativa se exige un
elevado estándar de seguridad jurídica, que permita al contratista enfrentar
las contingencias económicas, financieras, tributarias, tecnológicas, y sobre
todo administrativas que influyen sobre el objeto, el precio y los demás
requisitos y condiciones que informan el pacto inicialmente celebrado.
La seguridad jurídica, la igual repartición de las cargas públicas y la
indemnidad patrimonial de los administrados exigen que en los contratos
administrativos –cuyos efectos se defieren en el tiempo– se incorporen
expresa o tácitamente mecanismos que morigeren y atenúen las contin-
gencias contractuales y restablezcan el equilibrio económico financiero del
contrato, con la finalidad de mantener la continuidad en la satisfacción de
la necesidad pública envuelta en el contrato.
Lo anterior constituye una variable que debe estar presente en cada
contrato administrativo, no obstante, su objeto y forma de solventar el
precio. De este modo, para que las condiciones inicialmente convenidas
subsistan los embates de las contingencias contractuales y el objeto con-
tractual no se desvirtúe más allá de lo esencialmente pactado por las partes,
se hace necesario que existan reglas claras en el proceso de contratación,
desde las tratativas previas hasta la celebración del contrato administrativo.
Asimismo, deben ser prístinas las reglas de interpretación, aplicación y
ejecución del mismo, a fin que sean razonables y respondan a criterios de
buena fe y justicia contractual.
El presente artículo tiene por objetivo determinar la existencia, re-
quisitos y condiciones exigibles en nuestro ordenamiento jurídico para
mantener un adecuado equilibrio económico y financiero en los contratos
administrativos ante cambios derivados del ejercicio de potestades públi-
** Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Administrativo, Universidad de
los Andes, Santiago, Chile. Dirección Postal: Mons. Álvaro del Portillo 12.455,
Las Condes, Santiago. jcflores@uandes.cl. Este trabajo forma parte del Proyecto
Fondecyt de Iniciación Nº11180639, “Recepción del principio de equilibrio
económico y financiero en los contratos administrativos de suministro y prestación
de servicios, de construcción de obra pública y de concesión de obra pública”, del
que el autor es investigador principal.
69Revisión de los contRatos administRativos: el adecuado equilibRio entRe potestades ...
cas, tanto respecto de las modificaciones unilaterales introducidas por la
Administración, en su calidad de contraparte contractual, como aquellas
que se sustentan en la dictación de normas generales emitidos por otros
órganos del Estado –como el poder legislativo o el poder ejecutivo en el
ejercicio de su potestad reglamentaria– que desvirtúan el estatuto jurídico
inicial de derechos y obligaciones, así como los cambios contractuales
derivados de hechos ajenos a la voluntad de las partes, imprevisibles e
irresistibles que vuelven el cumplimiento de las obligaciones contractuales
excesivamente oneroso.
Planteamos como interrogante de este trabajo, la hipótesis si en el
Derecho administrativo, y específicamente, en el Derecho chileno se
puede sustentar en términos absolutos que los contratos administrativos
se encuentra sometidos integramente al principio pacta sunt servanda,
que propugna que todo contrato es una ley para las partes y no admite
modificaciones unilaterales de ninguna especie, asumiendo que toda
alteración debe provenir del acuerdo de las partes o del mandato del le-
gislador. O si por el contrario, atendida la finalidad de interés público que
informa a los contratos administrativos, nuestro ordenamiento jurídico
tolera la modificación unilateral directa o indirecta como una vía válida
para satisfacer las necesidades públicas en un momento determinado. Y
si esas modificaciones al contrato se encuentran sujetas a la mantención
permanente del equilibrio económico financiero de los contratos adminis-
trativos, con la debida indemnización, en virtud del principio de igualdad
antes las cargas públicas.
Para una adecuada respuesta de las interrogantes planteadas comen-
zaremos exponiendo el régimen potestativo exorbitante en los contratos
administrativos, para luego analizar las condiciones y requisitos que buscan
mantener el equilibrio económico contractual.
ii. régimen PoteStativo exorbitante en la contratación
adminiStrativa
Una de las características que se advierte en el Derecho administrativo
es la búsqueda permanente de un adecuado equilibrio entre potestades
públicas y los derechos de los particulares en las distintas actividades donde
interviene la Administración del Estado. Es un hecho que el legislador
inviste a los órganos públicos de poderes jurídicos de imposición unilate-
ral, cuya finalidad no es otra, que la satisfacción de necesidades públicas
concretas en un momento determinado.
La presencia de esas potestades públicas condicionan las relaciones
jurídicas entre el Estado y los particulares, sea que éstas se presente en
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