Ciudadanía, mercado y violencia estructural en el marco de la modernización del estado: abandono y exclusión del ciudadano consumidor en Chile - Núm. 10, Julio 2013 - Revista de Derechos Fundamentales - Libros y Revistas - VLEX 505554454

Ciudadanía, mercado y violencia estructural en el marco de la modernización del estado: abandono y exclusión del ciudadano consumidor en Chile

Autor:Marcelo Barría Bahamondes
Cargo:Antropólogo Social, Universidad de Chile
Páginas:15-54
RESUMEN

En este ensayo proponemos una refl exión crítica acerca de las transformaciones causadas por el proceso de modernización estatal chileno de los últimos 20 años, específi camente sobre la idea de ciudadanía, y las tensiones provocadas entre sociedad civil y Estado, las que han derivado en la aparición de una nueva clase de ciudadano desprovisto mayormente de su rol político y centrado más en su... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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Introducción

La finalidad de este ensayo2es generar una refiexión crítica respecto de los elementos esenciales que han determinado el proceso de modernización del Estado chileno en los últimos 25 años y sus efectos –previstos o no– sobre nuestra idea de ciudadanía contemporánea, los que han dado paso al surgimiento a una forma de inclusión social altamente controlada, despolitizada, enajenante y precaria, expresada a través de la paradoja del “ciudadano-consumidor”, cuyo principal signo visible es la sensación de desamparo que posee esta nueva clase de ciudadano promovida desde las instituciones estatales.

La adopción de un paradigma economicista como espíritu rector de la modernización del Estado ha favorecido la lenta pero segura incubación de una crisis de gobernabilidad –y por ende, de legitimidad política– cuyo rasgo más palpable es la relación excluyente y vertical que el Estado posee con la sociedad civil, y cuyos efectos son

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reconocibles no solo en las justas y aún pendientes reivindicaciones de los movimientos sociales actuales, sino que además en una serie de problemáticas sociales cuya maduración y exposición está latente por el momento; de hecho, si observamos más detenidamente, todas estas situaciones de conflicto tienen como denominador común el fenómeno de la “privatización de lo político”, cuyas consecuencias negativas han decantado en “cuellos de botella” institucionales llegado el momento de enfrentar las demandas de la sociedad civil.

En este contexto, la ciudadanía debe hacer frente no solo una agudización del modelo económico neoliberal, sino que además al proceso de cooptación –por parte de las esferas económicas– de un Estado que se aleja de las funciones más tradicionales que le dan su razón de ser, y donde su justificación política se desvanece bajo el peso de una antropología jurídica animada por una racionalidad económica capitalista, la que da vida a una nueva forma limitada de concepción de ciudadanía –promovida “desde arriba”– caracterizada por la “jibarización” del horizonte utópico político y por una constante e imparable contracción de aquellas instituciones cuya función es esencial para el desarrollo y la justicia social.

Todos los procesos anteriormente mencionados se observan con más claridad a través de la aún muy urgente problemática de la defensa de los derechos del ciudadano en su faceta de consumidor, en especial si tomamos en cuenta las experiencias que han tenido en los últimos años las asociaciones de consumidores en su lucha por conseguir que las garantías institucionales de protección de sus derechos funcionen de manera real y efectiva. Este ensayo pretende por tanto ilustrar –tomando como referencia la experiencia de CONADECUS3– acerca de las carencias y la situación de abandono en que el actual modelo de Estado ha mantenido a la sociedad civil, evidenciando así las paradojas de la vida política de un Estado que hace tiempo perdió el rumbo de su misión esencial de integración social, y donde los ciudadanos

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deben recorrer un agotador y áspero camino para lograr hacer valer sus legítimas pretensiones.

Desarrollo

En la última década hemos sido testigos de una serie de discusiones y polémicas vinculadas con los reiterados abusos y escándalos financieros que se han destapado especialmente gracias a la labor de los medios de comunicación, como por ejemplo el de la colusión de precios de las farmacias, la lucha para conseguir el derecho a retractación en la matrícula de entidades de educación superior, los abusos constantes de las isapres y sus modificaciones unilaterales de los contratos de sus afiliados, las malas prácticas de las AFP, el brutal escándalo de La Polar contra sus clientes cuyas deudas fueron repactadas unilateralmente y de forma fraudulenta, la “colusión de los pollos”, etc., lo que sumado a la esperable molestia ciudadana ha logrado por fin generar una masa crítica que ha permitido poner el tema en discusión –con mayor o menor énfasis– en las agendas de las instancias de poder político y legislativo, permitiendo así crear estas nuevas normativas y proyectar otras más.

Sin embargo, detrás de estos sucesos concretos, ¿qué fenómenos políticos, sociales y culturales se enmarcan en esta aparente apertura a las demandas ciudadanas por mayor protección de sus derechos? ¿Es posible calcular los límites reales –no discursivos ni imaginarios– de la capacidad del Estado para satisfacer las legítimas demandas ciudadanas, más allá de esta medida excepcional?, y lo más importante, ¿por qué debemos mantenernos escépticos respecto de las posibilidades de transformación y mejora del actual modelo de gestión estatal respecto de la protección de nuestros derechos ciudadanos? Para poder acercarnos a una respuesta de estas preguntas, debemos abordar en primer lugar aquellos presupuestos doctrinarios que estructuran y determinan los principios que animan la gestión del Estado chileno, así como también aquellos procesos ligados al devenir histórico del concepto de ciudadanía y las transformaciones que ha sufrido en el tiempo, y en segundo lugar, y con el fin de graficar de manera más específica y concreta estos fenómenos y situaciones generales, se torna imperativo lograr conocer más sobre percepción que poseen las organizaciones de consumidores en Chile, ya que son quienes de primera mano conocen las concomitantes detrás de la violencia cotidiana que se ejerce contra el ciudadano por parte de la empresa privada.

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Primera parte: aspectos teóricos
  1. El desarrollo del concepto de ciudadanía y los derechos ciudadanos en el contexto del Estado moderno

    En primera instancia, ¿qué debemos entender por ciudadanía? Aquí la definición de Zapata-Barrero se torna bastante aclaratoria al afirmar que esta consiste en “una identidad y una práctica autorizada y legal-mente reconocida que permite a la persona actuar públicamente frente a otras identidades que también son personales pero no autorizadas públicamente desde las instancias estatales. La ciudadanía es, pues, la identidad que debe manifestar la persona cuando se relaciona con las instituciones estatales, y es la única que las instituciones estatales reconocen como legalmente válida para relacionarse con las personas”4. Por esta razón, siempre que se hable de ciudadanía, deberá uno situarse en la confiuencia de la relación entre el individuo y el Estado.

    La idea de ciudadanía puede además entenderse –para los efectos de este ensayo– a partir de dos concepciones básicas de la cultura política moderna y que corresponden a dos grandes tradiciones diferentes: la liberal y la republicana. Para la primera, la ciudadanía posee un estatus ligado a un conjunto de derechos garantizados por ley, en especial respecto de los derechos políticos que están en la base de la representación legítima; la ciudadanía por tanto es una categoría social de carácter abstracto que a partir del mero hecho de la nacionalidad permite identificar a los individuos sin atención a las particularidades socioculturales ni a los grupos de pertenencia o preferencias políticas5.

    La segunda concepción está asociada a la tradición republicana, donde la ciudadanía se aplica a los individuos que participan de alguna forma en la vida asociativa política y social. Tanto en la primera como en la segunda acepción, el concepto de ciudadanía se refiere esencialmente a la relación de los individuos con la vida política, pero en la tradición republicana el posicionamiento activo, el compromi-

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    so cívico y la participación resultan ser elementos esenciales para la unidad política de la sociedad, mientras que en la concepción liberal aquellos términos resultan potencialmente amenazantes para el desarrollo de la libertad individual6. Ante esto, es posible enfrentar o contraponer las esencias de ambas concepciones de ciudadanía, y los tipos de sociedades que de manera ideal surgirían de la predominancia de una u otra, ya que los ejes en que radican y se inspiran tales transitarán desde una idea básica de libertad personal, hacia una más compleja de justicia social.

    De esta forma, y durante el siglo XX, el proyecto de Modernidad, al menos en Occidente, ha promovido un proceso masivo de incorporación de la población en la ciudadanía total, basándose en un vínculo ideal fundado en un contrato social que consolida la idea de ciudadanía como poseedora de una serie de derechos formales y más aun, de una real integración a la sociedad política; esta idea de ciudadanía, desarrollada por el ensayo clásico de T.H. Marshall7en 1950, estaría compuesta no solo por la presencia de derechos políticos y legales, llamados “de primera generación”, sino también por derechos sociales o de “segunda generación” (derechos económicos, sociales y culturales como el derecho al empleo, a tener un ingreso mínimo, a la educación, a la vivienda, a la salud, así como también los derechos del consumidor)8.

  2. La “publicitación de lo privado” versus la “privatización de lo público” en el proceso de transformación de los estados modernos

    En el marco de las transformaciones de la ciudadanía en la modernidad tardía, es necesario revisar brevemente una serie de conceptos, dimensiones y dicotomías que permitirán entender de mejor manera cómo es que el proceso de modernización estatal –y en especial su afán de privatización de lo público– se relaciona con el surgimiento del ciudadano-consumidor. En primer lugar debemos destacar la relación entre lo político y lo económico y su vínculo con las relaciones no igualitarias e igualitarias; en ese sentido, es recién con el nacimiento de la economía política que surge la diferenciación entre relaciones

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    políticas y relaciones económicas entre los individuos, o en otras palabras entre la sociedad política (o de...

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